MANIFIESTO MAREA NARANJA ESTATAL
EN DEFENSA DE LA JUSTICIA SOCIAL Y CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Y DEL ESTADO DEL BIENESTAR
Tras más de un lustro,
la profunda crisis económica, la pobreza y la exclusión se agudizan en la
sociedad española. Que el estado social
está más deteriorado que hace un año, es algo intuitivo, que todos los
indicadores confirman. Y frente a esta situación, las políticas sociales, más
necesarias que nunca, están en un retroceso generalizado, cuando no, en proceso
de demolición.
La primera referencia política para entender la
actual situación es de carácter puramente
conceptual e ideológico, quizá una causa primera, estamos hablando de la
filosofía ultraliberal imperante que establece que no hay alternativa. De
esta derivan otras tres causas políticas más concretas que surgen,
fundamentalmente como consecuencia de la primera; políticas que usan al Estado
como interviniente en las relaciones de poder social y económico, en tres
momentos temporales en relación con el hecho productivo de la riqueza: se trata
de la política laboral y el modelo de
crecimiento, que establece el campo en el que se desarrollan las relaciones
de poder empresariado-trabajadoras y que se produce antes de la propia
producción de la riqueza, la política
fiscal, que establece la intervención del Estado en el equilibrio de la
riqueza adquirida una vez producida en forma de apropiación del Estado de una
parte de los ingresos para su funcionamiento, y finalmente la política social a través de la que se
busca el reequilibrio de la situación social y económica a través del gasto
público
Los devastadores efectos de la reforma de la Ley
de Promoción de la Autonomía y atención a personas en situación de Dependencia
En relación con la Ley de Dependencia, las
eufemísticamente llamadas “reformas para la mejora del sistema” y muy
especialmente la modificación de la Ley que se produjo por Real Decreto-ley en
julio de año 2012, no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la
financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades
Autónomas. Los datos oficiales indican, sin lugar a dudas, que de la
paralización del sistema se está pasando a su involución.
Creemos que las deficiencias detectadas
deben servir como impulso para la mejora. Nos parece indignante que el propio
Ministerio sea el que desprestigia esta política social culpando a las CCAA e
incluso criminalizando a las personas en situación de dependencia y a sus
familias. Es perverso y cruel destrozar el Sistema para luego hacernos creer
que es “insostenible” y vender así unas reformas futuras “salvadoras”. Hay más de
un millón personas que dependen de apoyos para su vida y cuyos derechos se
conculcan día a día. Exigimos el cumplimiento de la Ley. Entendiendo la atención a las personas en
situación de dependencia como una
apuesta absolutamente necesaria desde el punto de vista de los derechos
sociales y del sostenimiento del Estado del Bienestar.
El profundo deterioro del Sistema de Servicios Sociales
La continua y acusada demolición de los servicios
sociales no es inocua, y tiene como consecuencia un incremento de las
situaciones de pobreza y exclusión social. Así se pone de manifiesto al
comparar los resultados del desarrollo del Sistema de Servicios Sociales con
los indicadores que usa Naciones Unidas para medir la pobreza en países
desarrollados.
El desmantelamiento del Sistema de Servicios
Sociales puede sufrir en los próximos meses un golpe decisivo, con la
aplicación de la Reforma de Régimen Local, que reduce las competencias locales
a una mínima expresión
Pero quizá lo más preocupante es la forma en que se están llevando
a cabo estos recortes y estas reformas, ya que se ha tratado de modificar las
claves conceptuales mismas del Estado Social.
La desigualdad y la precariedad en las condiciones de vida actual,
provocada porel sistema financiero capitalista-neoliberal y la acumulación de
la riqueza cada vez en menos manos, nos está empobreciendo a todos y todas y
está sirviendo como excusa al Gobierno de España para recortar la inversión social, echando
por tierra las conquistas que en materia de educación, sanidad,justicia,
protección social y servicios sociales hemos ido logrando.
El Estado de
Bienestar, en el estado español, se asienta sobre cuatro pilares fundamentales:
Sanidad, Educación, Pensiones y Sistema Público de Servicios Sociales. Pilares
que ven tambalearse sus cimientos a causa de la aprobación de medidas que
reducen el gasto social, que abogan por un modelo privatizador y que son
sometidos a continuos desmantelamientos. Esto da lugar a un cambio en el
modelo establecido en el que se disminuye tanto la cantidad
como la calidad de la atención social que recibe la ciudadanía.
Los treinta años de desarrollo de los Servicios Sociales
enmarcados en la defensa de los Derechos Sociales con criterios de
universalidad, igualdad, redistribución y proximidad, están sufriendo una larga
trayectoria de desmantelamiento y privatización en todas sus áreas. Por ello,
es imprescindible un Sistema Público de Servicios Sociales que garantice los
principios de igualdad, universalidad y responsabilidad pública que
infunde el actual modelo de Servicios Sociales, con garantía de
derechos para todos y todas y que se aleje de prácticas asistencialistas y
graciables.
Ante todo esto...
La marea naranja nos hemos constituido como un movimiento ciudadano dispuesto a
responder a estas políticas injustas y crueles, vinculándonos a una política de
defensa de los derechos humanos y la justicia social.
Nos comprometemos a luchar para conseguir estos objetivos:
· Visibilizar la situación de vulneración de
derechos humanos y sociales en el Estado Español, incidiendo
en las políticas sociales públicas.
· Denunciar el desmantelamiento del sistema
público de servicios sociales, que puede
sufrir en los próximos meses un golpe decisivo, con la aplicación de la Reforma
de Régimen Local, que reduce las competencias locales a una mínima expresión.
· Evidenciar los devastadores efectos de la
reforma de la Ley de promoción a la autonomía y la atención a las personas en situación de
Dependencia, que tras las llamadas reformas para la mejora del sistema no han
hecho sino recortar derechos efectivos, reducir financiación y criminalizar a
las personas dependientes y familias.
· Concienciar sobre la situación de desigualdad
existente en la distribución y reparto de la riqueza y la necesidad de lucha
organizada.
·
Facilitar y contribuir a la organización colectiva contra los recortes de derechos y
libertades.
· Proponer y construir alternativas justas, con expectativas
de futuro.
·
Movilizarnos y trabajar conjuntamente
con otras organizaciones de la sociedad política, siendo un medio de
participación ciudadana para construir democracia real.
En definitiva
nos comprometemos a luchar por la dignidad y los derechos de todas las
personas.
Queremos
·
Un sistema social, donde todas las personas puedan disponer de los medios
y recursos necesarios para vivir dignamente. Donde estén reconocidos los derechos sociales básicos como derechos
subjetivos universales, exigibles legalmente por los ciudadanos y según la
Declaración Universal de Derechos Humanos. En este nuevo modelo la riqueza del
país, sea cual fuere su titularidad, debe estar subordinada el interés general
(art.128 c.e.), al interés de la ciudadanía.
·
Un sistema donde la democracia sea
real y participativa, donde los gobiernos no estén al servicio de las
grandes corporaciones financieras, tal y como sucede actualmente.
·
Exigimos la modificación de la
Constitución para que incluya el Derecho Fundamental de la ciudadanía a la
cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de
Bienestar. Retirada e incumplimiento de la reforma del artículo 135 de la Constitución
Española, para fijar estrictas limitaciones al déficit y a la deuda.
· Defender
lo público, lo de todos y todas. Políticas sociales y económicas que favorezcan el
desarrollo de todas las personas, por el reparto de la riqueza y la garantía
pública del cumplimiento de los derechos.Defendemos la intervención pública como garantía de derechos y de inversión
social y económica para el futuro de la ciudadanía. Por el contrario, el
servicio privado busca un beneficio económico, una rentabilidad en función de
las leyes del mercado, y como resultado se comercializa con las dificultades y
necesidades humanas más básicas.
· Manifestar
nuestro rechazo a los recortes en las políticas sociales de apoyo a las personas en situación de
dependencia,a las personas enfermas, a la infancia, adolescencia, a las
familias...y a todas aquellas personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social; a los recortes injustificables de presupuesto y de
personal que se han llevado a cabo y, están produciendo un detrimento en la
convivencia ciudadana y en la cohesión social, largas listas de espera, ayudas
insuficientes para cubrir las necesidades básicas de ciudadanos, sin
expectativas de futuro y sin ilusión.
Exigimos la no aplicación de las contra reformas realizadas que ponen en
extinción los servicios sociales.
·
Una Renta Básica que suponga el derecho a
todas las personas a recibir una
cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas y que se constituya como
un derecho individual, universal e incondicional, con una cuantía suficiente.
En una primera fase inmediata afectaría a todas aquellas personas que no tengan
cobertura por desempleo ni dispongan de otros ingresos.
·
Revisar la política de ingresos,eliminado los privilegios a
las grandes empresas , promoviendo una fiscalidad progresiva, donde paguen más
quienes más tengan, perseguir el fraude fiscal
y no pagar la deuda pública. Exigir la inversión del gasto militar en
necesidades y derechos sociales.
·
Un sistema público de ss.ss. de
gestión pública y colectiva. Por la titularidad y gestión pública de los
recursos (aumento de plazas públicas en los centros), garantizando los recursos
humanos y materiales necesarios para una atención de calidad, a la que todos y
todas tenemos derecho.
·
Unos servicios sociales
universales, como derecho subjetivo y participativos. Donde se ponga al
centro a la persona para el desarrollo personal y colectivo y no a los
intereses del capital. Que se cumplan los objetivos de este sistema de
bienestar social: redistribución y satisfacción de las necesidades para todas.
Que garantice los derechos.
· Defender la intervención social como una inversión social y
económica, que genera justicia social; así priorizar
la inversión social, dedicando más para el desarrollo y fortalecimiento de
todos los servicios públicos.Implantar fórmulas de financiación objetivas,
estables, justas y todo garantizado por Ley.
·
Defendemos una intervención social con profesionales, empleado público, bien preparada/o, para que acompañe al ciudadano en las
diferentes etapas de su vida en las que pueda necesitar de un apoyo social,
garantizando una continuidad y que dicho apoyo se dé en las mismas condiciones
de igualdad para todos y todas.
·
Por un convenio colectivo unitario
que englobe a todo el sector de la intervención social.
Este manifiesto va dirigido a todos/as aquellos/as
que, como nosotros/as estén comprometidos en esta lucha de ideas y palabras, a
contra corriente, para recuperar una opinión pública mayoritaria a favor de los
valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad.Combatir conceptos y
valores en la sociedad es tarea de largo recorrido; lo sabemos. Y tenemos
enfrente toda la poderosa maquinaria mediática y de poder.Pero no hay excusa
para no estar y perseverar en ello.Somos, ni más ni menos, un eslabón más en
esta historia interminable en pos de una sociedad justa y solidaria, en la que
todos los seres humanos seamos libres para construir y disfrutar de nuestros
proyectos vitales.
Una sociedad en la que
tantos hombres y mujeres de todos los tiempos y en todos
los lugares, han soñado y por la que han luchado. Vale
la pena
¡POR UNOS SERVICIOS SOCIALES PUBLICOS Y DE
CALIDAD!
¡POR LOS DERECHOS HUMANOS y la JUSTICIA SOCIAL!
¡NO A LA BENEFICIENCIA, NO A LA CARIDAD!
¡SIN SERVICIOS SOCIALES NO HAY JUSTICIA SOCIAL!
